¿Qué principios rigen las obligaciones del Estado con los DESCA?

Los Estados, tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Deben respetar, en tanto están obligados a no interferir ni violar los derechos humanos de las personas. Deben proteger, en tanto están obligados a evitar que terceros -sean personas, organizaciones u otros Estados- interfieran o violen los derechos humanos de las personas dentro de su jurisdicción. Deben cumplir, en tanto están obligados a adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos sean ejercidos. Esta obligación de cumplimiento tiene variaciones en función de los recursos y capacidades que dispone cada Estado, es por ello que se aplica el principio de realización progresiva.

En relación a los DESCA, las constituciones nacionales establecen en muchos casos obligaciones específicas de los Estados. A su vez, la ratificación de la normativa internacional introduce otro conjunto de obligaciones estatales en el orden jurídico nacional, por lo que la aprobación de leyes y reglamentaciones deben guardar acuerdo con los compromisos asumidos. 

Principios

La Observación General 3 del Comité DESC establece que la estructura normativa y cualquier acción del Estado deben guiarse por una serie de principios, entre los cuales se incluyen los siguientes:

• Progresividad: acciones estatales que avancen en la universalización de los derechos.

El concepto de progresividad se introduce con el fin de respetar las distintas situaciones en las que se encuentran los países. No obstante, el Comité puntualiza que esto no debe oficiar como una excusa: “Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto, no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo” (Observación General artículo 9).

• No regresividad: no retroceder en el nivel de bienestar alcanzado.

Por el principio de no regresividad ninguna norma nueva puede significar un grado de protección menor que la vigente, es decir, no se admiten retrocesos con respecto a la situación anterior. Si esto se prueba, la norma resulta inválida en tanto el Estado no argumente en qué sentido puede ser justificable, a pesar de ser regresiva. En esa explicación, no serán de recibo las razones fundadas en la disciplina fiscal u otro tipo de consideraciones similares, sino que debe demostrarse qué otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales resultaron favorecidos por la medida. En situaciones excepcionales inevitables, la regresividad puede darse únicamente en la medida en que sea necesaria y en todo momento debe orientarse la acción a mitigar las desigualdades que se agudizan en los momentos de crisis, garantizando que los derechos no se vean vulnerados en forma desproporcionada para los grupos más vulnerables.

• Adopción de medidas: obligación de adoptar medidas, tanto administrativas, legislativas como económicas.

Como se indica en el párrafo segundo de la Observación General del Comité DESC, si bien la plena realización de los derechos puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendientes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Asimismo, las medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones establecidas en el PIDESC.

• No discriminación: asegurar la igualdad formal y sustantiva y deber de remover obstáculos.

El reconocimiento de los DESCA, junto con el principio de no discriminación establecido por el artículo 2 del PIDESC y desarrollado en la Observación General 3, establecen que los grupos más excluidos y discriminados deben ser priorizados, en el entendido de que quienes tienen los medios pueden acceder a los bienes y servicios involucrados en los DESCA en el mercado.

• Uso del máximo de recursos disponibles: el Estado tiene el deber de utilizar al máximo los recursos económicos, fiscales y de cooperación internacional.

El Comité DESC señala que los Estados, para cumplir con sus obligaciones, deben disponer “Hasta el máximo de los recursos disponibles, mediante la asistencia y cooperación internacionales”, lo que supone tomar en cuenta tanto recursos existentes dentro de un Estado como los que pone a su disposición la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia (Observación General 3, artículo 13). En este sentido, los Estados sólo pueden alegar la falta de recursos si demuestran que han realizado todos los esfuerzos posibles.

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