¿Qué son los DESCA?

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son los derechos humanos relativos a las condiciones necesarias para un nivel de vida adecuado y fueron proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reforzados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966). Incluyen los elementos básicos y necesarios para tener una vida digna, entre los cuales se encuentran alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, cultura y un medio ambiente adecuado.

En 2008, el Protocolo Facultativo del PIDESC creó un mecanismo para recibir denuncias a nivel internacional, formalizando y dando carácter vinculante al rol del Comité DESC para recibir y examinar esas comunicaciones que pueden ser realizadas por personas o grupos. El Comité debe examinarlas, proponer medidas provisionales o soluciones amigables, así como realizar observaciones e informes. Con la ratificación del Protocolo, los Estados adquieren obligaciones respecto de los DESCA y reconocen la competencia del Comité en estos aspectos y, por lo tanto, se comprometen a responder las comunicaciones y seguir sus recomendaciones.

La entrada en vigor del Protocolo Facultativo en 2013 permite materializar la idea de que los DESCA generan obligaciones para los Estados a través de la labor de vigilancia del Comité DESC, sumando una garantía para que todas las personas puedan acceder a estos derechos y contar con mecanismos de exigibilidad en caso de que se vulneren. En torno a los DESCA se ha suscitado un importante debate sobre exigibilidad y justiciabilidad, es decir, la posibilidad de exigirle a los Estados el cumplimiento de estos derechos y de reclamarlos ante la justicia (ver Observación General 9 Comité DESC).

En este aspecto, usualmente se destacan algunas diferencias entre los derechos civiles y políticos y los DESCA, derivadas de que los primeros son entendidos como “derechos-libertades” -que implican en muchos casos que el Estado se abstenga de actuar- y los segundos son entendidos como “derechos-prestación” -que implican en muchos casos una acción efectiva del Estado para garantizar su cumplimiento-. A pesar de esta extendida diferenciación, debe repararse en que todos los derechos humanos implican obligaciones ya sea de actuar o ya sea de abstenerse a actuar por parte de los Estados. En el caso de los derechos civiles y políticos, en algunos casos los Estados deben realizar una acción efectiva, un ejemplo de ello es la obligación de realizar elecciones periódicas. En el caso de los DESCA, en algunos casos los Estados deben abstenerse de actuar, como por ejemplo para garantizar el derecho de huelga.

Sin embargo, pese a que tampoco es una división exacta que diferencie a los derechos civiles y políticos de los DESCA, de modo general pueden derivarse algunas implicancias de la diferenciación entre “derechos-libertades” y “derechos-prestación”, la cual no está vinculada a la manera en que el Estado debe garantizarlos, sino a las características de los bienes necesarios para efectivizar los derechos. En ese sentido, los derechos civiles y políticos, en general, no representan un área de especial interés para el mercado porque mayoritariamente no se trata de bienes que puedan mercantilizarse. En cambio, los DESCA sí involucran bienes y servicios mercantilizables y que de hecho el mercado ofrece. En ese sentido, exige de los Estados el desarrollo de acciones que involucran una serie de recursos económicos, administrativos y profesionales que se deberán traducir en prestaciones y/o regulaciones. En estos procesos, a la hora de la elaboración de políticas públicas, el Estado no es ajeno a la influencia tanto de quienes reclaman la satisfacción de sus derechos, como de aquellos que buscan preservar sus intereses económicos.

Dada la naturaleza de estos derechos, para determinar en qué medida los Estados están cumpliendo con sus obligaciones en materia de DESCA, la definición de indicadores y la producción de información de base resultan indispensables para poder establecer la medida del progreso e identificar los desafíos pendientes.

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